Procuraduría citó a juicio disciplinario a director del DAGMA, Carlos Eduardo Calderón

  • La Procuraduría calificó provisionalmente la falta del investigado como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.

Foto: Alcaldía de Santiago de Cali

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al director del DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), Carlos Eduardo Calderón Llanten, por presuntas irregularidades en contratación durante la urgencia manifiesta por la pandemia del covid-19.

La Provincial Cali cuestionó un presunto desconocimiento del principio de planeación de la contratación estatal, al suscribir el 31 de marzo el Contrato de Prestación de Servicios No.4133.010.26.1.262-2020 y su Modificatorio No.1, con la finalidad de brindarle alimentación y otras ayudas logísticas a todo el personal operativo que realizaba sus actividades misionales.

Presuntamente las labores a desarrollarse dentro del objeto contractual estaban encaminadas a cubrir necesidades diferentes, y al parecer el investigado no debió autorizar con su firma el negocio jurídico.

El contrato tenía por objeto la prestación de servicios de operación logística para el desarrollo de las actividades del DAGMA, entre ellas el control de predios rurales de difícil acceso, de los ecoparques, y de los humedales; el apoyo a la fuerza pública en la contingencia a zonas comunes, y el suministro de ayudas alimentarias para la población vulnerable en la zona rural.

A juicio de la Procuraduría, el investigado no habría analizado de manera adecuada las autorizaciones presupuestales requeridas para contratar, ni garantizado el cumplimiento de las políticas, planes y programas en materia ambiental, ni cumplido con el deber de asistir a otras autoridades relacionadas con las actividades misionales de la entidad.

La conducta del directivo también podría haber vulnerado los principios de moralidad y eficiencia de la función administrativa, que suponen la máxima racionalidad de costos-beneficios por parte de la administración.

Para la PGN el investigado, como servidor público, tenía el deber funcional de garantizar que la población residente en Santiago de Cali recibiera atención oportuna frente a sus trámites ambientales, relacionados entre otros con denuncias, quejas, reclamos, no, por el contrario, poner en marcha procesos contractuales que incluyeran actividades para atender situaciones diferentes a la de su función.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta del investigado como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes. La diligencia se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre a través de la plataforma teams.

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