La Justicia de Chile deja sin efecto la expulsión de más de 50 migrantes venezolanos en situación irregular

  • La Corte de apelaciones de Iquique admitió cinco recursos de amparo, al considerar que la medida, adoptada por la Intendencia de Tarapacá, «carece de fundamento legal».

La Justicia de Chile dejó sin efecto las órdenes de expulsión de más de 50 ciudadanos venezolanos que en las últimas semanas ingresaron al país por pasos no habilitados.

Según informó el Poder Judicial en una nota oficial, la Corte de Apelaciones de Iquique admitió este jueves cinco recursos de amparo presentados por el Instituto de Derechos Humanos, la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares en representación de migrantes irregulares provenientes de Venezuela.

En su resolución, la Corte argumentó que las medidas adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá carecen de fundamento legal, y vulneran derechos protegidos por la  Constitución.

«La medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión», indica el fallo unánime.

Juan Manuel Sánchez, abogado defensor de algunos de los migrantes expulsados, explicó que la resolución aplicará para aquellos ciudadanos que aún no fueron deportados, por contagio de coronavirus o por ser contacto estrecho de una persona infectada. Por otra parte, aseguró que quienes hayan dejado Chile podrían regresar de manera legal, sin que pese como impedimento la deportación anterior, por haber sido anulada.

Por su parte, el intendente de la región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, aseguró que defenderá la medida de expulsión «en todas las instancias pertinentes«, ya que la considera «correcta».

Con ello, según interpretaron los jueces, se transgredió «la garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictado de la medida reclamada».

El pasado 10 de febrero, Chile aplicó la expulsión administrativa de migrantes más masiva realizada en el país en un solo día. En total, fueron deportadas 138 personas: 86 ciudadanos venezolanos y colombianos fueron retornados en avión a sus respectivos países, y 52 provenientes de Bolivia y Perú regresaron en autobuses a sus naciones de origen.

La medida había sido duramente cuestionada por legisladores de izquierda y diversos organismos de derechos humanos. Desde estos espacios se repudió el accionar del Gobierno de Sebastián Piñera por considerar que aplicó medidas extremas contra los migrantes, en vez de enfrentar el problema como un tema humanitario.

La expulsión administrativa que rige en Chile afecta a las personas que hayan ingresado irregularmente en la nación suramericana hace menos de tres meses.

El ingreso de migrantes a Chile ocurre generalmente en la frontera norte del país, en particular en las localidades de Colchane y Huara, en la región de Tarapacá, que colinda con Bolivia, donde algunas personas intentan entrar a través de pasos no habilitados.

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