El tercer retiro de pensiones que pone a Piñera en una encrucijada política a semanas de las elecciones

  • Senadores opositores dicen que la iniciativa presidencial «no formula ningún reparo sustantivo» al proyecto aprobado por el Congreso, al que, mencionan, «pudo haberlo convertido en ley».

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, atraviesa, una vez más, un mal momento político. El lunes, el mandatario envió al Congreso su propio proyecto de ley para permitir el retiro anticipado de los fondos de pensiones de los chilenos, pero lo hizo luego de frenar una iniciativa similar de la oposición y aprobada la semana pasada en el Parlamento.

Esta actuación ha generado críticas y protestas en su contra y, además, ha llevado a pique su popularidad. Según una encuesta publicada el lunes por la empresa de investigación de mercados y opinión pública Cadem, la aprobación de Piñera llega solo a 9 %.

Una semana antes, la misma firma había publicado que la aprobación del mandatario era de 16 %; es decir, tuvo una caída de siete puntos porcentuales.

Las dos iniciativas

El viernes pasado, el Congreso aprobó un proyecto para autorizar un nuevo retiro anticipado de 10 % de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el tercero en lo que va de la pandemia del coronavirus en el país suramericano —después del de julio y diciembre del año pasado—, justamente para hacer frente a la crisis sanitaria.

Sin embargo, su promulgación como ley aún no ha sido tramitada por el mandatario quien, además, presentó un requerimiento contra el proyecto ante el Tribunal Constitucional (TC), organismo que decidió este martes no acoger a trámite el recurso. Siete ministros votaron en contra y solo tres a favor de admitirlo.

Con esta decisión, el documento vuelve al presidente, quien deberá decidir si promulga o veta la iniciativa. En caso de vetarla, según la normativa chilena el proyecto deberá ser sometido nuevamente a votación en el Congreso y para convertirse en ley requerirá la aprobación de los dos tercios de ambas cámaras parlamentarias.

Hace dos días, sorpresivamente, después de negarse reiteradamente a un nuevo retiro de fondos argumentando que mermaba los ahorros futuros de los contribuyentes, Piñera anunció la presentación de su propio proyecto de ley. El lunes, el secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, informó que la iniciativa fue ingresada a la Cámara de Diputados del Congreso.

Entre estos dos proyectos, aunque hay diferencias, también existen similitudes. Estos son los principales ítems de ambos:

  • Monto a retirar

Tanto la iniciativa parlamentaria como el proyecto presidencial permiten un retiro máximo de de 150 unidades de fomento (UF), unos 4,4 millones de pesos aproximadamente (unos 6.240 dólares); y como mínimo 35 UF, es decir, 1 millón de pesos aproximadamente (unos 1.418 dólares).

  • Impuestos

La iniciativa parlamentaria no contempla el cobro de ningún tipo de impuestos; mientras que el proyecto de Piñera indica que pagarán tributo los cotizantes pertenecientes al 10 % de más altos ingresos.

  • Reintegro de fondos

El proyecto despachado en el Congreso no establece un reintegro de los fondos, pero indica que los que realicen el retiro podrán aumentar, de manera voluntaria, un punto porcentual su cotización obligatoria, llegando a un 11 % de sus remuneraciones y rentas imponibles, por un período mínimo de un año.

La iniciativa del presidente establece, como medida para el reintegro de los fondos, un incremento de un 1 % la cotización mensual a cargo del empleador y el Estado otorgará otro 1 % (este se aportaría, incluso, a quienes no realicen el retiro).

Críticas

Al momento de enviar el requerimiento ante el TC, el Ejecutivo argumentó que la iniciativa parlamentaria dejaría a más de 5 millones de personas sin ningún ahorro previsional, que no respetaba los requerimientos para reformar los capítulos de la Carta Magna y que, entre otras cosas, infringía el derecho constitucional a la seguridad social.

En contraparte, senadores de la oposición emitieron un comunicado en el que criticaron el proyecto de Piñera y lo calificaron como un «recurso de última hora», que «agrava las tensiones» entre el gobierno y el Congreso, «en horas críticas para los chilenos», especialmente para «las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria».

«La decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récor, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional», dice el documento.

Asimismo, consideran que la iniciativa presidencial «no formula ningún reparo sustantivo» al proyecto aprobado por el Congreso, al que, mencionan, «pudo haberlo convertido en ley».

A estas críticas se suma que la encuesta de Cadem reveló que 87 % dice estar de acuerdo con el proyecto parlamentario y solo 11 % se opone a la iniciativa. Además, 72 % dice que sacaría el nuevo 10 % anticipado de su pensión.

Protestas

La decisión del Ejecutivo de recurrir al TC para frenar la iniciativa parlamentaria ha generado protestas contra el mandatario desde la semana pasada, con cacerolazos todas las noches en varias partes del país.

El pasado 21 de abril, la Unión Portuaria de Chile anunció una paralización progresiva de actividades hasta que el mandatario levantara la medida impuesta ante el TC, finalmente rechazada por esa corte. Este martes, la misma organización informó que están cumpliendo un paro en varios puertos del país, que inició el lunes a las 15:00 horas y culminará el miércoles a las 08:00.

A ellos se ha sumado la Federación de Trabajadores del Cobre, que llamó a sus agremiados a «mantenerse vigilantes y permanecer preparados» para movilizarse en «apoyo a las justas y necesarias demandas de la ciudadanía».

Asimismo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una huelga general el próximo viernes 30 de abril.

Desde el exterior, el Consejo Internacional de Estibadores (IDC, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la «situación política y económica chilena», y advirtió al gobierno de Piñera que «de seguir con tal actitud hacia su pueblo» realizarán «un bloqueo mundial de cargas provenientes de Chile».

Toda esta compleja situación política en Chile se vive a puertas de un proceso electoral. El próximo 15 y 16 de mayo, los chilenos están convocados para elegir a los nuevos gobernadores, alcaldes y concejales del país, así como a lo integrantes de la Convención Constitucional, que se encargarán de redactar la nueva Constitución del país.

Estos comicios estaban previstos para el 10 y 11 de abril, pero fueron pospuestos debido al agravamiento de la situación en el país por la pandemia del coronavirus.

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