Bancada Provida radicó demanda por el derecho a la vida

  • La bancada reitera que acudirá a todas las instancias democráticas necesarias, para garantizar la prevalencia e inviolabilidad del derecho a la vida de todos los colombianos.

Bogotá, 28 de julio de 2021. – Los congresistas de la Bancada Provida del Congreso de la República, integrada por los senadores Milla Soto, María del Rosario Guerra, Paola Holguín, (Centro Democrático), Esperanza Andrade, (Partido Conservador), Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa y Libres) y el representante Juan Espinal; radicaron ante el Consejo de Estado, una demanda en contra de la Resolución 971 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud.

Los congresistas anotaron que, con esa resolución, “esa cartera pretende crear el supuesto “derecho fundamental a una muerte digna mediante la eutanasia”, que NO existe. Por medio de este acto administrativo, el Ministerio intenta avalar esta práctica, impulsando y amparando así una cultura de muerte”.

En respuesta a lo anterior, los congresistas de los diferentes partidos políticos que integran la bancada Provida, asumen la defensa de las competencias del Legislativo, única institución legitimada para discutir y tomar decisiones en este tipo de temas.

Los congresistas manifestaron que la demanda radicada tiene por objeto impedir que por medio de la Resolución 971 de 2021 se usurpen las funciones legítimas y propias del Congreso de la República. “El Ministerio de Salud NO puede pasar por alto que hace menos de dos meses, fue el propio Legislativo el que le dijo no a un proyecto de acto legislativo que perseguía el mismo fin: dar vía libre a la eutanasia en Colombia, una clara violación al derecho a la vida consagrado en nuestra Constitución” afirmaron los legisladores.

En la diligencia de hoy, los congresistas que defienden la vida han sentado su voz de rechazo a la pretensión del Ministerio de Salud de reglamentar un derecho sin una ley que lo autorice, y que, por ende, tampoco es posible crear un supuesto “derecho fundamental a la muerte digna”, mediante resolución. Así mismo, han advertido que el ministerio tampoco puede limitar el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia y que es ilegal reemplazar la Resolución 1216 de 2015, mientras cursa una demanda en su contra.

Indican que llama la atención que la resolución demandada fue expedida tan solo días antes de que la Corte Constitucional emitiera su jurisprudencia para avalar la eutanasia.

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