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- El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario en la vereda cordobesa Loma Grande, por lo que la institución de derechos humanos integrará un comité de verificación que realizará el seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo.
- La corporación judicial concedió el amparo de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce a un medioambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicios que efectivamente garantice la salubridad pública.
- Sociedad Urbaser Colombia SA ESP, como operadora del relleno, deberá mitigar los efectos del vertimiento de lixiviados en los cuerpos de agua no autorizados, realizando las acciones técnicas que requiera el caso de forma inmediata.
Montería (Córdoba), 25 de julio de 2024 (@DefensoriaCol). Una acción popular coadyuvada por la Defensoría del Pueblo e interpuesta por el cabildo indígena Jaraguay, residente de la vereda Loma Grande, jurisdicción de Montería, Córdoba, contribuyó a que el Tribunal Administrativo de Córdoba ordenara el cierre definitivo del relleno sanitario ubicado en ese lugar, el cual presenta serios problemas ambientales, derivados de los malos manejos técnicos y administrativos de su operador, la empresa Sociedad Urbaser Colombia SA ESP.
Como lo ordena el Tribunal, la Defensoría, con el liderazgo de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, les hará seguimiento a las órdenes impartidas en la sentencia, a través de su participación activa en un comité de verificación, el cual estará integrado por la Procuraduría General, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Corporación Regional Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Alcaldía de Montería y la empresa operadora.
El fallo, que sienta un precedente importante para el funcionamiento de los rellenos sanitarios en el país, permitirá que sean garantizados los derechos e intereses colectivos del área de influencia del relleno en Loma Grande, máxime que la comunidad se ha venido viendo afectada.
La entidad garante de los derechos humanos acompañó durante todo el trámite de la acción popular a las comunidades accionantes, con la finalidad de que les reconocieran las vulneraciones y amenazas de los derechos colectivos invocados, como consecuencia de la no adecuada operación del relleno.
Las decisiones del Tribunal giran en torno al daño ambiental, como vertimiento de lixiviados en fuentes naturales de agua, y las órdenes dadas corresponden a la naturaleza y gravedad de los daños probados. Urbaser, en consecuencia, deberá mitigar los efectos del vertimiento en mención en los cuerpos de agua no autorizados, realizando las acciones técnicas de urgencia que sean necesarias.
Con el goce amparado a un medioambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, no podrá ser suspendida ni interrumpida la prestación del servicio de aseo por el cierre del relleno, puesto que los cinco rellenos sanitarios habilitados en Sucre, Córdoba y Antioquia recibirán los residuos sólidos de los municipios vinculados al fallo.
