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Código rojo de Interpol contra líder del ELN: ¿Peligra el diálogo con el Gobierno de Colombia?

  • La Justicia colombiana lo solicita por los cargos de homicidio agravado y reclutamiento ilícito.

Las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el nuevo Gobierno de Colombia atraviesan un difícil momento, luego de la paralización de los diálogos hace poco más de dos meses.

Este jueves, un nuevo elemento entró en juego cuando se conoció la emisión del código rojo, por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés), en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, o ‘Gabino’ (según su nombre de guerra), considerado el líder de la organización guerrillera ELN.

La orden internacional de ubicación y detención aplica para 150 países. La Justicia colombiana lo solicita por los cargos de homicidio agravado y reclutamiento ilícito.

Ya en febrero pasado, la Fiscalía de esta nación latinoamericana había anunciado que pediría a Interpol la captura de al menos 20 líderes de la guerrilla, señalados de cometer actos de terrorismo.

Sin embargo, con la orden contra “Gabino” se complica el retorno a las negociaciones.

Reacción
Horas después de que se conociera en Colombia la orden de Interpol se publicó una carta de Pablo Beltrán, jefe de la delegación negociadora del ELN.

La misiva, dirigida a la Comisión de Paz del Senado colombiano, advierte que será responsabilidad del Gobierno si no cumple con lo acordado previamente.

Precisa el documento que de continuar la negativa gubernamental a sentarse en la mesa de negociaciones, corren “grave peligro” los avances para una solución política al conflicto interno.

Además, Beltrán acusa al Gobierno de imponer “exigencias unilaterales” que desconocen los acuerdos negociados hasta el momento.

El ELN denuncia, que pasados 63 días desde la última reunión entre ambas partes, siguen a la espera de que el Gobierno de Duque “envíe su delegación”. Por esa razón, solicitan la mediación del Senado.

Versión gubernamental

La postura oficial no resulta nueva. En su discurso de toma de posesión (agosto de 2018), Iván Duque anunció que lo acordado en los diálogos de paz entre el Gobierno del mandatario saliente, Juan Manuel Santos, y el ELN pasarían a inmediata revisión.

Además, exigió a la guerrilla un “cese total de acciones criminales” antes de continuar los diálogos.

Pero este jueves, el mandatario colombiano respondió a la medida de Interpol contra Gabino y a la publicación de la carta de Pablo Beltrán, declarando estar listo para retornar al diálogo con la guerrilla, pero sin “alaridos o argumentos belicistas”.

Estos diálogos, dijo, deben tener como condición “la liberación de todos los secuestrados”, y que el grupo guerrillero suspenda de inmediato “sus actividades criminales”. Así, Duque reiteró los mismos argumentos que son rechazados por el ELN.

El presente

La realidad, en medio del intercambio de declaraciones públicas, es que la mesa de negociación entre ambas partes del conflicto armado “está estancada”, precisa el académico de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor de Currea Lugo, analista de conflictos armados.

Ese estancamiento, considera el también autor del libro ‘Poder y guerrillas en América latina’, se debe a que el Gobierno no renovó “ni la mesa, ni la política de paz” que venía implementando el expresidente Santos, y tampoco cuenta con un equipo negociador.

A la fecha, detalla De Currea, el ELN tiene toda su delegación en Cuba esperando la reactivación, mientras el Gobierno coloca como condición, para continuar dialogando, “una serie de prerrequisitos que no existían” y, por tanto, “reina la incertidumbre”.

Política interna
Para el experto en conflictos armados, la difusión del código rojo de Interpol contra Gabino “es un mensaje mediático del Gobierno colombiano”.

Recuerda que, aunque existen muchas órdenes de captura contra el ELN, “ese no es un problema que vaya a acabar con el proceso de paz”.

En su opinión, el nuevo Gobierno trata de convertir esa decisión judicial (código rojo) “en un mensaje político y, a su vez, en un trámite administrativo”.

Por una parte, dice De Currea, se emplea administrativamente “para acabar el contrato de los antiguos negociadores del expresidente Santos” y, políticamente, para iniciar “una guerra mediática de desgaste y mostrar superioridad ante el ELN“. Una táctica que, para el experto, “no contribuye a la solución del conflicto”.

Las diferencias

Con el panorama actual, el académico colombiano detalla que el enfoque de Santos entendía varios aspectos como, por ejemplo, “la existencia de un conflicto armado”, el “papel del derecho internacional” y que “el ELN tiene una agenda propia”.

Mientras que la administración Duque ha venido “insinuando” que no se trata de un conflicto armado, sino de “amenazas terroristas”, con lo que regresa “al viejo modelo” empleado por Álvaro Uribe para enfrentar a las guerrillas.

El autor cree “imposible” que el conflicto armado de su país se negocie desde el derecho penal y no desde el derecho internacional, y a la vez desconociendo todo lo que se logró con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por último, Víctor de Currea estima que entre el modelo negociador de Santos y el anunciado por Duque hay “un grado de madurez política diferente”.

Fuente: RT

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