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El Congreso deja en el aire la continuidad del ministro de Defensa

Bogotá, 11 junio de 2019 (EFE).- El Congreso colombiano dejó este martes en el aire la continuidad en el cargo del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien fue sometido a una moción de censura por los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales, así como por una directriz del Ejército que puede revivir las ejecuciones de civiles.

El presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Alejandro Chacón afirmó después de más de seis horas de escuchar numerosas intervenciones a favor y en contra del ministro que la moción será votada el próximo jueves.

Durante el debate, la oposición argumentó que el ministro no es la persona adecuada para dirigir las Fuerzas Armadas, mientras que las bancadas del Gobierno respaldaron su gestión al frente de una de las carteras más importantes del país, que Botero dirige desde el pasado 7 de agosto.

“Las Fuerzas Militares expresan, como lo han hecho siempre, el respaldo al ministro de Defensa porque conocen mis actuaciones, mi pulcritud, mi manera de dirigirlas y mi liderazgo. Son ellos los que me ven trabajar duramente día a día”, afirmó Botero durante su intervención en la moción.

Botero se defendió durante más de una hora de las acusaciones que varios parlamentarios de los partidos de la oposición le hicieron en diferentes frentes como el asesinato de defensores de derechos humanos y exguerrilleros, así como de un posible conflicto de intereses por su participación en una empresa de seguridad privada.

La parlamentaria Juanita Goebertus, del partido Alianza Verde, afirmó: “Hemos perdido la confianza en su palabra”, en referencia a Botero, de quien cuestionó su actuación ante el asesinato del exguerrillero de las FARC Dimar Torres.

Según Goebertus, “el ministro mintió sobre el homicidio de Dimar Torres y sobre el intento de desaparecerlo”, cuando aseguró que el crimen, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural de Convención, en el departamento de Norte de Santander, fue producto de “una refriega” con un militar.

Torres fue asesinado por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue detenido, y al caso fue vinculado también el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, llamado a retiro.

Ante la acusación, Botero respondió calificando el homicidio como un “caso lamentable y execrable”, y agregó que la información que dio en su momento fue con base en las declaraciones del cabo Gómez, por lo que rechazó ser tildado de “mentiroso”.

“Dicen que yo dije que ha tenido que haber alguna motivación como si pretendiera justificar el lamentable homicidio de Dimar”, acotó.

Botero también se defendió de las acusaciones por su presunta responsabilidad por una polémica directriz del Ejército que exige a la tropa mejorar los resultados en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles y abrir la ventana para que en el país reencarnen los “falsos positivos”.

El funcionario mencionó varias normas vigentes de la institución en las que se “establecen reglas de juego claras para el uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

Los “falsos positivos” fueron ejecuciones de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública, especialmente en la década pasada, para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores, entre otros beneficios.

La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

Esa polémica directriz fue revelada el pasado 18 de mayo por el diario estadounidense The New York Times, que dio la información tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales del Ejército.

Entre tanto, el parlamentario Mauricio Toro, también de Alianza Verde, aseguró que el debate de moción de censura “no es un tema personal, sino técnico, político, de idoneidad”.

Explicó que Botero “no reúne las capacidades necesarias para administrar una de las mejores Fuerzas Militares del mundo” y señaló que el funcionario debe explicar las razones del asesinato de líderes sociales.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 28 de febrero.

Además del asesinato de líderes sociales, el representante por el partido FARC Luis Alberto Albán Urbano, conocido en su época de guerrillero como “Marcos Calarcá”, rechazó los crímenes cometidos contra excombatientes y afirmó que su bancada ha cumplido con el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y están “trabajando por esa construcción de paz”.

Según cifras del partido FARC, al menos 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares han sido asesinados desde la firma del acuerdo.

Por todo lo anterior, los parlamentarios de la oposición pidieron la renuncia a Botero, pues consideran que “no es competente para el cargo”, tal como sentenció David Racero, de la coalición Decentes, cuyo jefe es el senador de izquierdas y excandidato presidencial Gustavo Petro.

Esta es la segunda moción de censura que promueve la oposición contra un ministro del gabinete del presidente Iván Duque durante sus diez meses de Gobierno, pues el pasado 30 de octubre el hemiciclo rechazó una contra el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

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