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Exnegociadores expresan a la ONU su preocupación por las objeciones a ley de la JEP

Bogotá, 11 marzo de 2019 (EFE).- Exnegociadores de paz del Gobierno colombiano y de las FARC manifestaron este lunes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su preocupación por las objeciones que el presidente del país, Iván Duque, hizo a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Según los firmantes, entre los cuales hay también políticos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil en general, las objeciones anunciadas anoche por Duque al país pueden “lesionar gravemente” la aplicación del acuerdo firmado en noviembre 2016 con la antigua guerrilla para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado.

“Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas”, afirmaron en la carta dirigida a Guterres.

La misiva fue firmada por más de un centenar de personalidades, entre ellas el exjefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el ex alto comisionado de Paz Sergio Jaramillo; el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño; la excanciller María Ángela Holguín, y los senadores de izquierdas Iván Cepeda y Gustavo Petro.

La Ley Estatutaria de la JEP fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017 y luego recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba era la sanción presidencial, pero Duque anunció anoche que la objeta parcialmente y presentará al Congreso una reforma constitucional para hacerle unos cambios.

Según el presidente, esa decisión la tomó por considerar que la citada norma no garantiza la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, que forman parte del acuerdo firmado con las FARC.

Al respecto, los exnegociadores señalaron en la carta a Guterres, que enviaron con copia al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), que son conscientes del significado que tiene para Colombia y el mundo el éxito del proceso de paz y de “su modelo de justicia transicional”.

“El presidente Iván Duque Márquez persiste en formular nuevos obstáculos o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado de sistema de justicia transicional”, añadieron.

El más reciente, detallaron, es el conjunto de objeciones pese a que la Ley Estatuaria de la JEP ya había sido “objeto de control por parte de la Corte Constitucional”.

“Desafortunadamente, el asunto no se limita a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP, que de hecho ya es muy grave”, añaden los firmantes sobre la decisión de Duque de radicar en el Congreso un proyecto de reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017.

Dicha norma fue la que creó disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado, y modificarla “no solo supondría una variación unilateral del acuerdo de paz, sino el desconocimiento de las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP”, añadieron en la misiva.

Según Duque, la reforma que pretende quiere excluir de la justicia transicional los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

En términos generales, las objeciones buscan definir la obligación de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado; aclarar las competencias de la justicia ordinaria, inclusive en los casos de extradición, y garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

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